El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en Junta de Gobierno ampliar el contrato para servicios de protección y seguridad de los inmuebles (pisos, locales, edificios y solares) que forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo y evitar que sean ocupados, tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
Se trata de un servicio que lanzó el Ayuntamiento, a través del Área de Desarrollo Urbano, en 2020 –no existía hasta entonces– por un importe de 1,4 millones de euros y que ahora se amplía con un gasto de 627.625 euros repartidos entre 2022 y 2023.
Gracias a este servicio de protección y seguridad actualmente se encuentran vigilados una decena de inmuebles municipales. De haber existido un contrato similar con anterioridad a 2020 se hubieran evitado ‘okupaciones’ y mal uso de algunos solares en Madrid.
Además, la ‘okupación’ ilegal de estos inmuebles provoca un rápido deterioro de los mismos por la imposibilidad de llevar a cabo las mínimas actuaciones de conservación. Una situación que se ve agravada también por la previsible manipulación de las infraestructuras de las edificaciones, lo que puede ocasionar un riesgo para la seguridad tanto de los propios ‘okupas’ como de los edificios colindantes.
Cuando se lanzó este contrato no era posible establecer a priori y con exactitud los inmuebles y solares en los que iba a ser necesario prestar el servicio de vigilancia y seguridad, pues dependería del desarrollo de los procesos de ejecución del planeamiento, expropiatorios u otros, ni tampoco el tiempo durante el que haría falta mantenerlo.
El edificio de Peironcely, 10
Transcurridos dos años, se considera necesario ampliar dicho contrato para el edificio de Peironcely, 10: la parcela que ocupa este edificio, situada en el distrito de Puente de Vallecas, fue objeto de una modificación del Plan General para catalogar el edificio con nivel 2 de protección, calificar la propia parcela como dotación pública y rectificar las alineaciones para respetar las de la edificación existente.
En dicho inmueble, calificado como Equipamiento Público Singular, no está definido aún el proyecto que se pretende implantar, y esta circunstancia, unida a las propias características del inmueble y las condiciones del entorno urbano en el que se localiza, ha justificado que se incluya dentro del contrato de vigilancia.